LANOTA– La captura de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila acusado de vínculos con el CJNG y de encabezar una red de extorsión, no pasó desapercibida. Apenas se confirmó su traslado al penal del Altiplano, la comunidad se volcó a las calles. La Glorieta y la Unidad Deportiva se transformaron en escenario de fiesta, con mariachis, tambora y familias enteras celebrando lo que llamaron “justicia divina”. Para muchos, era el cierre de un ciclo marcado por el miedo y la corrupción.
EL FUEGO DE LA DIGNIDAD
Mientras el pueblo bailaba, los trabajadores del ayuntamiento eligieron otro símbolo: el fuego. En la plaza pública, arrojaron los chalecos guinda que —denunciaron— estaban obligados a portar en sus funciones, incluso en actividades turísticas donde la ley prohíbe indumentaria partidista. La quema fue un acto de rebeldía y deslinde, acompañado de denuncias sobre cuotas indebidas y cobros excesivos que habían convertido su labor en un espacio de control político.
DOS VOCES, UN MISMO HARTAZGO
La música y las llamas se convirtieron en lenguajes paralelos de protesta. El pueblo festejaba la caída de un alcalde que había sometido al municipio con extorsiones; los trabajadores denunciaban públicamente las imposiciones que simbolizaban ese poder. Baile y fuego, júbilo y denuncia: dos expresiones distintas que coincidieron en marcar el fin de una etapa oscura.
EL CONTEXTO DE LA CRISIS
La detención de Rivera no solo expuso presuntos nexos criminales, sino también la forma en que el poder local se infiltraba en la vida cotidiana. Recursos públicos, cuotas indebidas y símbolos partidistas se habían convertido en instrumentos de control. La rebelión ciudadana y laboral evidenció un deterioro institucional que trascendía al propio alcalde.
SHEINBAUM: LA LEY NO TIENE EXCEPCIONES
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con firmeza: “Ningún partido político puede servir de refugio para la corrupción o el crimen”. Recordó que, aunque el alcalde pertenecía a Morena, “ningún partido, y menos Morena, puede ser un paraguas para la corrupción o el crimen. Eso debe quedar muy claro en el país”.
Subrayó que las investigaciones no se abren por consigna política, sino por la fuerza de las denuncias respaldadas con pruebas. Insistió en que la política de cero impunidad aplica a todos, funcionarios o ciudadanos, y que la ley es una norma social que no admite excepciones.
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