LANOTA.– Después de casi 20 años preso sin sentencia, Israel Vallarta Cisneros fue finalmente absuelto por un tribunal federal, cerrando uno de los episodios más polémicos de la justicia mexicana: el caso de la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiaco”.
El fallo se dicta en un contexto donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador operó política, mediática y legalmente para abrirle la puerta a su liberación, sin asumir el costo político de conceder un indulto.
JUSTICIA TARDE… ¿Y POLÍTICA?
Israel Vallarta fue detenido en 2005 y exhibido, junto con la francesa Florence Cassez, en un montaje televisivo orquestado por la AFI de Genaro García Luna. Mientras Cassez fue liberada en 2013, Vallarta permaneció en prisión sin sentencia firme, a pesar de la evidencia de tortura, debido proceso violado y recomendaciones internacionales para liberarlo.
López Obrador convirtió este caso en bandera personal. Lo mencionó en múltiples conferencias mañaneras, ordenó al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) su defensa, y presionó al Poder Judicial para que resolviera. Aunque se excusó públicamente de indultarlo —porque no había sentencia— el acoso discursivo y político hacia jueces terminó creando las condiciones para la absolución.
EL INDULTO QUE NO FUE, PERO FUNCIONÓ
El presidente repitió durante años que no podía intervenir, pero los hechos muestran que sí intervino, al instalar una narrativa donde Vallarta fue víctima del “neoliberalismo judicial” de García Luna y Calderón. Esa presión se complementó con el cabildeo del IFDP, la atención internacional por el caso, y los reclamos de derechos humanos.
No fue un indulto formal, pero el desenlace fue el mismo: Israel Vallarta quedará libre, y el Ejecutivo, ahora a cargo de Claudia Sheinbaum, logró una victoria política sin cargar con el costo legal. A esto se suma que la Fiscalía pidió 329 años de prisión, sin ofrecer pruebas sólidas que sostuvieran su acusación, lo que evidencia la intención de prolongar el castigo por inercia institucional.
¿Y LAS VÍCTIMAS?
El caso Vallarta está marcado por graves violaciones al debido proceso, pero también por un fondo nunca esclarecido sobre las denuncias de secuestro. A diferencia del caso de Florence Cassez, donde el fallo se centró en el procedimiento, en el de Vallarta no hay certeza sobre su participación o inocencia. Solo sabemos que la Fiscalía no pudo probar nada en dos décadas.
La narrativa de AMLO lo presenta como víctima total. Pero en este proceso, el uso político de un expediente judicial sigue dejando en segundo plano a las víctimas originales, cuya voz fue borrada del debate público por una causa emblemática que hoy cierra con sabor a revancha institucional.
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