LANOTA.- A un año del hallazgo que estremeció al país, el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, se consolida como el mayor centro de adiestramiento y exterminio atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo que comenzó como una denuncia anónima el 5 de marzo de 2025, destapó una estructura criminal que operó durante más de una década bajo el amparo del poder político local.
EL HALLAZGO QUE REVELÓ UN “CAMPO DE EXTERMINIO” EN TEUCHITLÁN
El predio de 10 mil metros cuadrados en el ejido La Estanzuela fue intervenido inicialmente por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. En el sitio, los activistas localizaron cientos de prendas de vestir, calzado infantil y restos humanos calcinados, evidenciando una realidad que las autoridades no habían reportado con precisión tras un operativo previo en 2024. El inventario forense superó los 1,800 objetos personales, lo que sugiere un flujo constante de víctimas a lo largo de los años.
PROTECCIÓN INSTITUCIONAL: EL ALCALDE AL SERVICIO DEL CÁRTEL
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) arrojaron luz sobre la complicidad estatal. José Ascensión Murguía Santiago, entonces alcalde de Teuchitlán, fue señalado por utilizar patrullas y armas de la policía municipal para resguardar el rancho. A cambio de pagos mensuales de 70 mil pesos entregados por el CJNG, el funcionario garantizaba la impunidad de las operaciones y participaba en la supervisión de los reclutas, decidiendo quiénes sobrevivían a las pruebas de adiestramiento.
EL MÉTODO DEL ENGAÑO: RECLUTAMIENTO FORZADO VÍA TIKTOK
La red criminal, coordinada por José Gregorio “El Lastra” y su pareja Alma Rosa “La Leona”, utilizaba redes sociales y terminales de autobuses para captar jóvenes. Bajo la promesa de empleos bien remunerados como guardias de seguridad, las víctimas eran trasladadas al rancho donde se les despojaba de su identidad. Según testimonios de sobrevivientes, los reclutas eran sometidos a rutinas militares extuantes, castigos físicos inhumanos y, en casos extremos, obligados a participar en actos de canibalismo como método de control psicológico.
ADIESTRAMIENTO MILITAR Y LA “PEDAGOGÍA DEL MIEDO”
Dentro del Rancho Izaguirre, el aislamiento era absoluto. Los internos aprendían el manejo de rifles AR-15 y tácticas de vigilancia, pero también eran forzados a excavar fosas y participar en la incineración de restos humanos. Testimonios recogidos por colectivos indican que el sitio operaba desde 2012, convirtiéndose en una “maquila industrial” de violencia donde cualquier muestra de debilidad se pagaba con la muerte o la exposición a ataques de perros.
SENTENCIAS JUDICIALES Y LA LUCHA POR LA IDENTIFICACIÓN
En julio de 2025, un tribunal condenó a diez implicados a 131 años de prisión, sentencia que fue ajustada ligeramente en 2026 pero manteniendo la culpabilidad por desaparición forzada y homicidio. No obstante, para las familias de los desaparecidos en Jalisco y Zacatecas, la justicia está incompleta. Madres buscadoras denuncian que, a pesar de haber identificado pertenencias de sus hijos en catálogos digitales, las autoridades mantienen trabas burocráticas que impiden el acceso físico y las pruebas de ADN necesarias para cerrar sus ciclos de búsqueda.
VERSIONES ENCONTRADAS: ¿CENTRO DE ENTRENAMIENTO O DE EXTERMINIO?
A pesar de que los colectivos de búsqueda y sobrevivientes describen el lugar como un centro de exterminio masivo, la versión oficial de la FGR ha sido más cautelosa, clasificándolo primordialmente como un centro de adiestramiento. Esta discrepancia mantiene una tensión constante con las familias de las más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco, quienes exigen transparencia total y que se reconozca la magnitud de la tragedia forense en el Rancho Izaguirre.
PUNTOS CLAVE:
- Ubicación: Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco (Ejido La Estanzuela).
- Organización: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Modus Operandi: Reclutamiento forzado mediante falsas ofertas de trabajo en TikTok.
- Complicidad: El exalcalde de Teuchitlán proveía protección con recursos públicos.
- Víctimas: Más de 1,800 objetos hallados; colectivos denuncian el uso de crematorios clandestinos desde 2012.
- Estatus Judicial: Sentencias de más de 120 años para los reclutadores y operadores logísticos.
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