LANOTA.- La impunidad institucional en Oaxaca ha quedado al descubierto. Este miércoles, Gonzalo González Silva, delegado regional de la Secretaría del Bienestar en la Costa, fue detenido por el delito de violación, pero no es la primera vez que su nombre se vincula a conductas de violencia sexual. Ya había sido señalado por acosar a trabajadoras, y su superior directa, Nancy Ortiz Cabrera, optó por el silencio.
UNA DETENCIÓN QUE LLEGA TARDE
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que González Silva fue detenido la tarde del 1 de julio en Pinotepa Nacional, tras ejecutarse una orden de aprehensión por una violación cometida el 3 de agosto de 2024 en Santiago Jamiltepec.
Según el expediente, el ataque ocurrió en un inmueble ubicado en la Plaza Constitución, en pleno centro del municipio. La víctima, cuya identidad permanece reservada, presentó la denuncia que dio pie a la investigación con perspectiva de género.
El operativo fue coordinado por la Agencia Estatal de Investigaciones, en conjunto con fuerzas federales como la Guardia Nacional, Marina y Sedena, lo que subraya la gravedad del caso.
EL ACOSO ERA UN SECRETO A VOCES
Sin embargo, lo más indignante no es solo el acto criminal, sino lo que pudo haberse evitado. Fuentes locales y reportes de prensa señalan que González Silva ya había sido señalado por acoso sexual dentro de la propia Delegación del Bienestar. Varias trabajadoras lo denunciaron internamente por conductas inapropiadas y abuso de poder.
Las denuncias habrían llegado a oídos de Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de Bienestar en Oaxaca. Sin embargo, no tomó ninguna medida administrativa, correctiva ni preventiva. El agresor continuó en funciones y con poder de decisión sobre el personal a su cargo.
El silencio institucional permitió que un acosador se convirtiera, presuntamente, en violador.
LA JUSTICIA DEBE IR MÁS ALLÁ DEL DETENIDO
La FGEO ha señalado que se está actuando con los protocolos correspondientes para garantizar justicia a la víctima. No obstante, la Fiscalía también debe investigar la responsabilidad de quienes permitieron el encubrimiento dentro de la estructura de Bienestar, incluyendo a quienes ignoraron las señales previas de abuso de poder y violencia de género.
El caso de González Silva no es un hecho aislado. Es un recordatorio de que el acoso sexual institucional no solo existe, sino que se alimenta del silencio y la negligencia de quienes deberían proteger a las víctimas.
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