29/04/2026
LANOTA.- En el complejo ajedrez jurídico que hoy enfrenta la administración de Sinaloa y el Gobierno Federal, una línea divisoria ha quedado marcada con fuego: el fuero constitucional.
Mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos presiona por la entrega de altos mandos políticos señalados de colusión con el crimen organizado, la arquitectura legal de México revela una realidad asimétrica: mientras la mayoría de los implicados camina sobre un suelo jurídico frágil, el gobernador y un senador en funciones se mantienen protegidos por un escudo de inmunidad que solo la voluntad del Congreso podría retirar.
LA CONTRADICCIÓN LEGAL: ¿VIOLACIÓN AL TRATADO INTERNACIONAL?
Existe una colisión jurídica de magnitudes diplomáticas. Por un lado, la FGR, a través de su vocero Ulises Lara, ha desestimado la solicitud estadounidense argumentando que el documento “no se acompaña de elementos probatorios suficientes”. Sin embargo, esta postura parece ignorar la naturaleza misma de los acuerdos internacionales.
De acuerdo con el Artículo 11 del Tratado de Extradición, en casos de urgencia, solo se requiere la expresión del delito, la descripción del reclamado y la promesa de formalizar la solicitud para proceder con la detención provisional. El tratado no exige “evidencia contundente” en la etapa inicial, pues otorga un plazo de 60 días para presentar las pruebas formales. Bajo esta óptica, la FGR podría estar violando el Tratado de Extradición vigente con Estados Unidos al desechar la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y sus coacusados bajo un estándar de prueba que no corresponde a la fase de detención provisional.
Asimismo, el Artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional señala que, si hay fundamento, la Cancillería —actualmente a cargo de Roberto Velasco— debe transmitir la petición a la FGR para que esta promueva de inmediato las medidas precautorias. La resistencia de la Fiscalía a actuar frente a cargos que incluyen conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras abre una brecha de impunidad procesal.
EL BLINDAJE DE LOS “INTOCABLES” VS. EL DEBER PROCESAL
Pese a la agilidad que demanda el tratado para la detención provisional, en México el fuero constitucional opera como una detención en seco. Aunque la norma internacional es clara, la legislación nacional dicta que un gobernador o un senador en funciones no puede ser detenido directamente sin el debido proceso de un juicio de procedencia previo.
Esta es la gran contradicción: mientras que para cualquier otro ciudadano la detención provisional debería ser inmediata ante la gravedad de las acusaciones —como la entrega del control de la Policía Estatal al Cártel de Sinaloa en pago por favores electorales—, el fuero impide la ejecución de las medidas precautorias. Sin el desafuero, la justicia se detiene en la puerta del despacho del funcionario, incluso ante acusaciones que podrían derivar en condenas de cadena perpetua.
EL ESLABÓN DÉBIL: EL RESTO DE LOS INVOLUCRADOS
Fuera de este círculo de protección constitucional, el escenario es radicalmente distinto. El hecho jurídico central es que todos los demás involucrados en el caso sí pueden ser detenidos con fines de extradición de manera inmediata.
Al no gozar de la protección del fuero, la FGR no tiene excusa legal para no proceder contra los otros nueve coacusados. Para ellos, la figura de la detención provisional aplica con todo su peso, permitiendo que su captura y entrega proceda sin los obstáculos legislativos que protegen a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo. En su caso, la ley permite que sean llevados ante cortes extranjeras casi de inmediato si existe la voluntad institucional de cumplir con los tratados.
LA VOLUNTAD DE MORENA: EL CAMINO HACIA LA TRANSPARENCIA
Ante la presión internacional y las acusaciones que vinculan a funcionarios con una asociación delictuosa desde 2012, el balón está en la cancha del oficialismo. Analistas coinciden en que, en un escenario de buena voluntad para agilizar la cooperación, la mayoría de Morena podría actuar de manera contundente para retirarles el fuero tanto al gobernador como al senador.
Este movimiento político sería la única vía para demostrar que no existe un ánimo de protección partidista. Si el oficialismo decide agilizar el desafuero para permitir que los señalados enfrenten la justicia, enviaría un mensaje de transparencia hacia Washington, eliminando la barrera del “debido proceso” legislativo que hoy frena la extradición. De lo contrario, el fuero seguirá operando como un blindaje político que congela las aspiraciones de justicia mientras los funcionarios permanezcan en el cargo.
CONCLUSIÓN: UN RELOJ DIPLOMÁTICO EN MARCHA
El hecho es innegable: hoy, la ley mexicana permite que el resto de los implicados sean detenidos de inmediato. No obstante, para las cabezas políticas, el proceso está estancado en una interpretación de la FGR que choca con los tratados. La decisión de romper el pacto de inmunidad o mantener la barrera legal definirá si México cumple con su palabra internacional o si el fuero se convierte en el refugio definitivo ante la justicia trasnacional.
PUNTOS CLAVE
- Inmunidad infranqueable: Un gobernador o senador en funciones no puede ser detenido con fines de extradición debido al fuero constitucional, requiriendo un juicio de procedencia previo.
- Contradicción del Tratado: La FGR exige “pruebas contundentes” para actuar, lo cual contradice el Artículo 11 del Tratado de Extradición, que permite la detención provisional inmediata solo con la exposición del delito.
- Vía libre para coacusados: El resto de los involucrados en el caso (nueve personas) no tienen fuero y pueden ser capturados y extraditados de inmediato bajo las leyes vigentes.
- Omisión de la Cancillería: Bajo el Artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, la SRE ya debería haber solicitado a la FGR medidas precautorias, sin que hasta ahora se concrete la acción contra los titulares con fuero.
- Decisión Política: La mayoría de Morena tiene en sus manos la facultad de retirar el fuero a los funcionarios señalados para agilizar la justicia y demostrar transparencia internacional.
- Gravedad de los cargos: Las acusaciones de EE.UU. incluyen conspiración para el narcotráfico y uso de armas exclusivas del ejército, delitos que alcanzan la cadena perpetua.
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