30/04/2026
LANOTA.- En un pronunciamiento desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estableció la postura oficial del Estado mexicano frente a la ofensiva judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La mandataria advirtió que, si bien su gobierno no encubrirá conductas ilícitas, la entrega o investigación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, dependerá estrictamente de la validación de evidencias bajo las leyes nacionales y no de presiones externas.
“Desde que asumí la presidencia de México juré hacer respetar la constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador”.
SOBERANÍA NACIONAL ANTE LAS ACUSACIONES DE NUEVA YORK
La tensión entre ambos países se agudizó tras la publicación de una “acusación de reemplazo” por parte de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que vincula a la cúpula del gobierno sinaloense con la facción de “Los Chapitos”.
Ante la solicitud de extradición, Sheinbaum Pardo fue categórica al señalar que México mantendrá su autonomía jurídica, rechazando cualquier intento de subordinación procesal ante agencias extranjeras.
“México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como Presidenta de la República mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.
RECHAZO A LA INTROMISIÓN Y EL FACTOR POLÍTICO
La administración federal puso en duda la neutralidad de los cargos presentados por Estados Unidos, especialmente tras la ruptura de los protocolos de confidencialidad que rigen los tratados internacionales. La Presidenta sugirió que el levantamiento de la reserva sobre estos documentos podría esconder una estrategia de golpeteo político, asegurando que no permitirá que se vulnere la voluntad del pueblo mexicano mediante injerencias externas.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”.
LOS CARGOS Y EL PROCEDIMIENTO DE DESAFUERO
El expediente estadounidense señala a los funcionarios sinaloenses de facilitar la importación de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, además de proporcionar protección e información confidencial a líderes del Cártel de Sinaloa. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que el camino legal en México es complejo, ya que para proceder contra el gobernador o el alcalde de Culiacán, primero debe agotarse un juicio de procedencia para retirarles la inmunidad procesal o fuero.
La FGR, bajo la conducción de Ernestina Godoy, ha iniciado una investigación propia para determinar si los datos de prueba estadounidenses cuentan con el fundamento legal necesario según el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mientras tanto, el Gobierno de México mantiene el extrañamiento diplomático por la divulgación pública de estas acusaciones, reafirmando que la justicia en este caso se definirá bajo las reglas del derecho mexicano.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Condición innegociable: Sheinbaum no actuará contra Rocha Moya sin pruebas contundentes e irrefutables validadas por la FGR.
- Acusación de injerencia: La Presidenta advierte que el proceso de EE. UU. podría tener un objetivo político y no de justicia.
- Relación de iguales: México rechaza cualquier postura de subordinación o entreguismo ante el Departamento de Justicia.
- Investigación nacional: La FGR iniciará su propia indagatoria para verificar la existencia de elementos constitutivos de delito.
- Estatus del desafuero: Por ley, se requiere un juicio de procedencia antes de que México pueda conceder la extradición de funcionarios con fuero.
- Falla diplomática: El gobierno reclama que EE. UU. violó la confidencialidad al hacer pública la acusación de reemplazo..
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