LANOTA.– Cuatro exfuncionarios y servidores públicos activos vinculados a áreas de seguridad en Puebla fueron detenidos tras una investigación de alto nivel que reveló una presunta red de protección institucional al crimen organizado. Se trata de Diego “N.”, exdirector de Inteligencia y Política Criminal; Lucero “N.”, exdirectora del Centro Estatal de Evaluación; José Manuel “N.”, coordinador de Inteligencia; e Ismael “N.”, quien ocupó un cargo clave en el área de políticas públicas de seguridad.
Según las investigaciones, los detenidos habrían brindado información estratégica a grupos delictivos, obstaculizado investigaciones penales, encubierto operaciones de narcomenudeo e incluso participado en sabotajes a operativos de la propia policía estatal y ministerial. Las autoridades los acusan de contribuir a la desestabilización interna de las corporaciones de seguridad.
PRESUNTAS COMPLICIDADES Y SILENCIOS CÓMPLICES
El caso se enmarca en el llamado Operativo “Cofradía”, una operación conjunta de inteligencia orientada a desarticular redes internas de colusión entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas. Las autoridades señalaron que esta estructura no solo operaba con discrecionalidad, sino que además habría facilitado ataques directos contra policías municipales, como los ocurridos en marzo pasado, cuando dos agentes fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas del todo.
Los delitos atribuidos van desde abuso de funciones y encubrimiento, hasta posibles vínculos directos con grupos criminales de alta peligrosidad. La magnitud de los señalamientos ha encendido alertas dentro del sistema estatal de seguridad pública, pues pone en evidencia cómo las cadenas de mando fueron vulneradas desde adentro.
LIMPIEZA INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Esta operación no solo representa una acción puntual, sino que forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad en Puebla. En un contexto nacional donde la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales ha sido denunciada en múltiples entidades, este caso refleja un esfuerzo por depurar y fortalecer los cuerpos policiacos.
Los cuatro detenidos ya fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica. En paralelo, se espera que las investigaciones se amplíen para identificar otros posibles implicados que aún operan dentro de la administración pública estatal.
Este caso revela una vez más la fragilidad institucional frente al poder corruptor del crimen organizado, pero también marca un precedente en la intención de desmontar las redes de impunidad que históricamente han operado bajo la sombra del poder.
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