LANOTA.- La cacería que el gobierno de Estados Unidos lanzó contra los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán se convirtió en un verdadero juego de supervivencia.
El famoso expediente S9 23 Cr. 180, abierto en Nueva York contra la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, persigue a 38 personas que manejaban desde la compra de químicos en China hasta el lavado de dinero con bitcoins.
Hoy, el mapa de esa organización cambió por completo: seis ya están muertos, 12 terminaron tras las rejas en territorio estadounidense y 20 andan a salto de mata.
Este juicio no solo busca atrapar a los que mueven las camionetas; desmenuzó toda la estructura de la corporación criminal más grande del tráfico de fentanilo. En los papeles de la corte aparecen jefes de sicarios, contadores y, sobre todo, políticos y policías mexicanos que se llenaron los bolsillos con millones de dólares en sobornos para dejarlos operar con total impunidad.
EL GOLPE POLÍTICO: EL GOBERNADOR Y LOS MANDOS BAJO LA LUPA DE NUEVA YORK
El caso dio una sacudida histórica el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía estadounidense metió una actualización al expediente y sumó a diez nuevos acusados. La bomba estalló directo en el gobierno sinaloense al incluir formalmente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A la par de los capos de la droga, la justicia de Estados Unidos ahora persigue a la red de funcionarios que, según los fiscales, le daban protección oficial al cártel. Los cargos son pesados: delincuencia organizada, tráfico de armas pesadas y conspiración. El nivel de complicidad llegó a tal grado que al jefe policial de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, lo acusan directamente de secuestro con resultado de muerte.
LA LIMPIA INTERNA: SEIS QUE NO LLEGARON AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Antes de que pudieran subirse a un avión rumbo a las prisiones norteamericanas, seis personajes clave de la organización fueron ejecutados o abatidos. El primero en la lista de bajas fue Luis Javier Benítez Espinoza, conocido como “El Catorce”, a quien encontraron tirado a balazos afuera de un hospital del IMSS en Culiacán en septiembre de 2023. La DEA ofrecía un millón de dólares por él porque lo cacharon negociando pastillas de fentanilo en Estados Unidos a nombre de Iván Archivaldo Guzmán.
La racha de ejecuciones siguió con Martín García Corrales, alias el “Tano”, un supervisor de laboratorios muy cercano al “Mayo” Zambada por el que daban cuatro millones de dólares; lo hallaron torturado y amarrado en la carretera a Cosalá en agosto de 2024. Meses después, en febrero de 2025, mataron de 12 balazos a Mario Alberto Jiménez Castro, “El Kastor”, el hombre que movía las ganancias del cártel mediante criptomonedas, emboscado por un sicario en el Estado de México.
Los últimos golpes al círculo de seguridad de Los Chapitos ocurrieron a finales de año. El Ejército abatió en Navolato a Jorge Humberto Figueroa Benítez, “El 27”, quien había heredado el manejo de los sicarios tras rumores de que andaba traicionando al grupo.
Pero la baja más fuerte fue la de Óscar Noé Medina González, “El Panu”, el máximo jefe de seguridad de la facción; un sicario entró a un restaurante de la Zona Rosa en la Ciudad de México y lo asesinó a balazos frente a toda su familia. Al día siguiente, su operador logístico, Alan Gabriel Núñez Herrera, apareció muerto y amarrado en las calles de Culiacán.
LOS QUE ESTÁN EN LA CÁRCEL: EXTRADICIONES Y TRATOS CON LA CORTE
Del otro lado de la balanza están los 12 detenidos que ya duermen en celdas federales. El pez más gordo tras las rejas es Ovidio Guzmán López, “El Ratón”. Tras su extradición, Ovidio decidió no ir a juicio: se declaró culpable de narcotráfico, entregó 80 millones de dólares de su fortuna y está esperando que la jueza en Chicago le dicte su sentencia definitiva este 27 de julio de 2026.
Junto a él cayeron piezas clave de la logística: desde la empresaria guatemalteca Ana Gabriela Rubio Zea, quien conseguía los químicos con los chinos, hasta el temido jefe de sicarios Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”. También terminaron encerrados intermediarios como “Don Chino” Beltrán Cuen, arrestado cuando intentaba cambiar fentanilo por un arsenal que incluía hasta lanzacohetes.
La presión en las cortes neoyorquinas obligó a que varios lavadores de dinero y traficantes de armas del cártel cambiaran su declaración a “culpables” en los primeros meses de 2026. A esa lista de presos se sumó el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien prefirió entregarse voluntariamente en la frontera de Arizona en mayo de 2026. La justicia gringa descubrió que el cártel le pagaba una “mensualidad” de 100,000 dólares para que les avisara cada que el Ejército armaba una redada contra sus laboratorios.
LAS CABEZAS DEL CÁRTEL: EN PLÁTICAS CON EL ENEMIGO Y LA RED DE PRÓFUGOS
En la punta de la estructura que sigue libre se encuentran los dos hermanos que heredaron el mando: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Por los hijos del “Chapo” el gobierno estadounidense ofrece recompensas históricas; sin embargo, reportes de inteligencia revelan que los líderes de Los Chapitos llevan meses en conversaciones secretas con las agencias de Estados Unidos para negociar una entrega pactada, dependiendo de qué tan bien o mal les vaya a sus hermanos Ovidio y Joaquín en sus juicios.
Mientras los capos negocian, la red de políticos sinaloenses acusados en el expediente sigue usando el fuero y la huida para no ser detenidos. El senador Enrique Inzunza, el vicefiscal Dámaso Castro y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, se mantienen libres en México.
El único que rompió el pacto de silencio fue el exsecretario de Administración estatal, Enrique Díaz Vega, quien viajó desde Irlanda para entregarse en Nueva York el pasado 16 de mayo de 2026, aunque las autoridades mantienen su nombre bajo reserva en el sistema de prisiones mientras empieza a soltar información sobre cómo se movía el dinero de la organización.
RECUENTO DE LOS HECHOS: PUNTOS CLAVE
- La lista negra de Nueva York: El megajuicio contra Los Chapitos abarca a 38 personas: 6 ya fueron asesinados, 12 están presos en EE. UU. y 20 siguen huyendo.
- El gobernador en el expediente: La DEA y los fiscales embarraron al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de dar protección oficial al Cártel de Sinaloa.
- Limpia de sicarios y contadores: Los principales operadores de la facción, como “El Panu”, “El 27” y el lavador de criptomonedas “El Kastor”, fueron ejecutados en plena vía pública o abatidos en operativos.
- El trato de Ovidio: Ovidio Guzmán aceptó su culpa, firmó un cheque por 80 millones de dólares para el gobierno de EE. UU. y recibirá los años de su condena el 27 de julio de 2026.
- La nómina de la policía: El exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó tras descubrirse que cobraba 100,000 dólares al mes por soplarle al cártel dónde serían los operativos contra los laboratorios de fentanilo.
- Pláticas de paz en la cúpula: Los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán tienen canales abiertos con Washington para pactar una rendición y entregarse por su propio pie.
- Ruta China cerrada: Las órdenes de aprehensión y peticiones de cadena perpetua siguen vigentes contra los empresarios asiáticos que mandaban los precursores químicos a México.
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