08/04/2026
LANOTA.- A poco más de tres meses del fatal descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentó una actualización definitiva sobre el curso legal del caso.
Durante un mensaje emitido este 8 de abril de 2026, la funcionaria reveló que el proceso penal ha dado un giro hacia la justicia alternativa, logrando que 145 personas, entre ellas 31 menores de edad, recibieran una reparación integral del daño, lo que conlleva formalmente a la extinción de la acción penal en dichos casos.
El siniestro, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Aunque inicialmente se fincaron responsabilidades directas contra el personal operativo, el proceso ha avanzado mediante acuerdos conciliatorios que buscan resarcir a las víctimas de manera inmediata, evitando juicios prolongados contra la institución.
RESPONSABILIDADES OPERATIVAS Y ACUERDOS DE REPARACIÓN
Las indagatorias ministeriales permitieron la apertura de cuatro carpetas de investigación, en las cuales se acreditaron delitos de homicidio y lesiones culposas. Según el reporte de la FGR, los indicios apuntaron a la participación directa del maquinista, el conductor y el jefe de despacho de la unidad.
Estas conclusiones derivaron en órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso; sin embargo, las víctimas y sus familiares optaron por utilizar los mecanismos de justicia alternativa previstos en la ley para cerrar el conflicto.
En cuanto a los daños materiales, la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, dependiente de la Secretaría de Marina (Semar), recibió el perdón legal por parte de los afectados.
Paralelamente, los dictámenes periciales descartaron que el incidente fuera provocado por ataques deliberados a las vías de comunicación, centrando el origen del desastre únicamente en factores operativos internos.
AUDITORÍAS DESCARTAN CORRUPCIÓN EN LA VÍA E INFRAESTRUCTURA
Uno de los puntos clave del informe de Godoy fue la revisión exhaustiva de la infraestructura. Tras analizar 41 contratos públicos relacionados con la construcción de la vía, el mantenimiento y la adquisición de material rodante, la FGR determinó que no existen elementos para perseguir delitos como el uso ilícito de atribuciones o ejercicio indebido del servicio público. Para esta conclusión, se integraron auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Se corroboró que la calidad de los elementos de la vía en el punto del siniestro, así como las condiciones de las locomotoras y vagones, cumplen estrictamente con la normativa aplicable“, enfatizó la Fiscal. De esta forma, se deslinda a la paraestatal de cualquier responsabilidad criminal por posibles fallas en la construcción o materiales defectuosos del proyecto insignia de la administración.
EL EXCESO DE VELOCIDAD COMO DETONANTE DEL SINIESTRO
A pesar de que la infraestructura fue declarada en regla por las propias dependencias gubernamentales, los peritajes de ingeniería y seguridad industrial presentados previamente señalaron que el factor humano fue determinante. Los registros de la unidad confirmaron que el tren viajaba a exceso de velocidad al momento de entrar en el tramo crítico donde ocurrió el descarrilamiento.
Con la firma de los acuerdos reparatorios y la validación de las auditorías técnicas, la Fiscalía cierra uno de los capítulos más dolorosos del proyecto del Istmo, asegurando que el resarcimiento económico ha llegado a la mayoría de los afectados mientras se descarta cualquier anomalía estructural en la red ferroviaria recién inaugurada.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Reparación del daño: 145 víctimas recibieron indemnización económica,cuyo monto no fue dado a conocer, lo que permitió la extinción de la acción penal.
- Responsabilidad operativa: La FGR focalizó la culpa en el maquinista, conductor y jefe de despacho.
- Exoneración institucional: Se determinó que no hay responsabilidad penal para los directivos ni para la empresa de la Semar.
- Infraestructura validada: La revisión de 41 contratos y auditorías internas descartó fallas en materiales o corrupción en la obra.
- Causa oficial: Los peritajes ratificaron que el exceso de velocidad fue el origen técnico del descarrilamiento.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
